EL ESTADO DE ALARMA Y LOS DERECHOS DE LOS BENICARLANDOS

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Benicarló queremos mostrar nuestro apoyo a toda la ciudadanía en circunstancias tan excepcionales como las que se están produciendo a causa de la epidemia de coronavirus. Remarcamos también nuestro agradecimiento particular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los profesionales sanitarios, reconociendo su labor y entrega en estos difíciles y arriesgados momentos.  A nivel político, el Partido Popular ha manifestado su apoyo a la declaración del estado de alarma, si bien ha criticado el que no se haya acordado antes, y ha denunciado graves negligencias (como el haber permitido las manifestaciones multitudinarias del 8M), la descoordinación y la falta de previsiones a nivel sanitario. No es discutible que el Gobierno de España podía declarar el estado de alarma ante la actual situación acreditada de crisis sanitaria por epidemia. Tampoco es discutible que entre las facultades del Gobierno está la de limitar la circulación y permanencia de personas en lugares determinados. Es discutible, sin embargo, la posible negligencia y responsabilidad del Gobierno en cuanto a la oportunidad y momento de declarar el estado de alarma como autoridad encargada de la dirección política del Estado, y tiempo habrá para valorar dicha actuación. Ahora es el momento de que luchemos todos juntos contra esta terrible epidemia y eso implica para nosotros contribuir desde un punto de vista constructivo a que se ejecuten aquellas acciones que puedan ayudar a los benicarlandos. Por ese motivo, consideramos que es bueno exponer la presente información, ofreciendo un debate sereno y firme que nos ayude a tomar las mejores decisiones.  A nivel de responsabilidad patrimonial, no hay que desconocer que la propia Ley Orgánica que autoriza al Gobierno la declaración del estado de alarma, en su artículo tercero, apartado dos, prevé que quienes como consecuencia de la vigencia del estado de alarma sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no le sean imputables, tienen derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.  A nivel local, la declaración del estado de alarma está produciendo evidentes perjuicios económicos que afectan a todos. Los benicarlandos deben conocer que es un derecho, y no una liberalidad del Ayuntamiento, que deberán ser objeto de devolución tributos municipales tales como la tasa por ocupación de la vía vía pública por terrazas o mercadillo semanal, la tasa de basuras de los locales comerciales que no han podido desarrollar su actividad, o la devolución de los precios públicos por prestación de servicios municipales y actividades que hayan dejado de prestarse, tales como la Universidad Popular o el Conservatorio, todo ello, por el período proporcional de suspensión. También es una obligación municipal el pago inmediato a los proveedores de las facturas pendientes.  Dichos derechos y obligaciones han sido puestos de manifiesto y exigidos al equipo de gobierno desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Benicarló. Las innegables consecuencias negativas del estado de alarma en nuestra economía local deben ser objeto de un estudio individualizado desde la administración municipal, tratando de buscar y dar soluciones justas y ajustadas a la evidente situación extraordinaria.  La colaboración de la ciudadanía en el respeto a las instrucciones sanitarias seguro nos permitirá superar ésta grave y extraordinaria situación. Juntos lo conseguiremos.