El PSOE pone en riesgo la concesión de los fondos europeos para Benicarló al incumplir la normativa
Europa advierte a Benicarló que las ayudas concedidas deben mostrar los logotipos de la Comisión Europea y especificar que la inversión está cofinanciada
“La alcaldesa está más preocupada en liderar el ranking de los 10 políticos con más sueldo de la Comunitat Valenciana que en trabajar por Benicarló”, afirma Redorat (PP)
20 octubre 2021.-
La ineficaz gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento de Benicarló ha puesto en riesgo la concesión de las ayudas EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) para la localidad. Los fondos, 20 millones de euros distribuidos entre Vinaròs y Benicarló, “debían cumplir una normativa específica que la Unión Europea ha advertido que no se acreditaba”, tal y como ha explicado el presidente del PP en Benicarló, José Antonio Redorat.
En efecto, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba el pasado 14 de octubre una corrección de errores a cargo del consistorio que dirige la socialista Charo Miralles. En ella se especificaba la obligación dictada por el Parlamento Europeo para incluir en todos los contratos EDUSI tanto los logotipos de la Comisión Europea como la cofinanciación de proyectos.
Esta circunstancia ha sido advertida al consistorio con el objetivo de no perder unos fondos básicos para la localidad “que son garantía de desarrollo e inversión para Benicarló”. Sin embargo, ha señalado Redorat, “lamentablemente, al frente del consistorio, tenemos una alcaldesa más preocupada en liderar el ranking de los diez políticos mejor pagados de la Comunitat Valenciana que en trabajar por nuestro municipio”.
En efecto, la nómina de Miralles se encuentra entre las diez mejor situadas de Valencia, Alicante y Castellón, “cuando paradójicamente hemos sido colistas en la clasificación de transparencia o campeones en oscurantismo y opacidad”. Desde el PP, “reivindicamos mayor inversión para Benicarló, con proyectos útiles que generen desarrollo y oportunidades, frente al cierre de la piscina climatizada, el bloqueo del desdoblamiento de la N-340 o el pago durante seis años de facturas irregulares por la incapacidad manifiesta del PSOE en licitar un contrato para la recogida de basuras”.